Jurisdicción universal

La Audiencia Nacional investiga el atentado, en el que murió el melillense Yaakov Pinto, en Jerusalén como terrorismo

El melillense Yaakov Pinto, de 25 años, fue una de las víctimas del tiroteo cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén. La Fiscalía activa la jurisdicción universal y recaba pruebas junto a informes israelíes

La ciudad de Melilla sigue en shock tras el asesinato de Yaakov Pinto, joven melillense de 25 años, fallecido el lunes en Jerusalén en un atentado reivindicado por el brazo armado de Hamás. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigarlo como posible delito de terrorismo con víctima española en el extranjero, al amparo del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según avanzó El Español.

El ataque se produjo el 8 de septiembre en las inmediaciones de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cuando dos hombres abrieron fuego contra civiles. El tiroteo dejó tres fallecidos —entre ellos Pinto— y seis heridos. Los atacantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad israelíes, tal y como publicaron medios locales e internacionales.

Las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam, brazo armado de Hamás, reivindicaron la autoría en sus canales oficiales, en una comunicación recogida por Swissinfo, donde calificaron la acción como “resistencia”. No aportaron detalles sobre la elección de las víctimas ni sobre la planificación del ataque.

Yaakov Pinto nació en Melilla y residía en Jerusalén, donde estudiaba en una yeshivá. Mantenía un fuerte vínculo con la comunidad hebrea melillense, que ha expresado su consternación. El joven fue enterrado en Israel en una ceremonia privada.

La Fiscalía activa así el principio de jurisdicción universal de la LOPJ para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y valorar eventuales responsabilidades perseguibles desde España. Según El Mundo, los investigadores recopilan pruebas documentales, vídeos e informes de las autoridades israelíes para incorporarlos a la causa en la Audiencia Nacional.

El atentado se enmarca en un contexto de tensión creciente en Jerusalén Este y Cisjordania. Aunque Hamás lo reivindicó, no hay pesquisas públicas que lo vinculen a una operación organizada desde Gaza; se mantiene la hipótesis de un ataque perpetrado por militantes locales con afinidad ideológica.

El caso reabre el debate sobre la protección de ciudadanos españoles en zonas de conflicto. Expertos en derecho internacional recuerdan que España puede ejercer acción penal en supuestos como este, aun sin jurisdicción directa en Israel.