Falsedad documental | Registro como menores

Cuatro jóvenes detenidos en Melilla por hacerse pasar por lo que no eran

Detención de cuatro marroquíes por hacerse pasar por menores / Policía Nacional

Intentaron acceder al sistema de protección de menores en Melilla, pero su propia documentación contradijo la historia. La investigación arrancó en junio tras su paso por servicios sociales y la Oficina de Asilo

Se presentaron como menores no acompañados, pero llevaban encima su documentación real. El gesto, lejos de reforzar su relato, encendió las alarmas. La Policía Nacional los ha detenido por presunta falsedad documental.

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a cuatro jóvenes por un presunto delito de falsedad documental, tras descubrir que se habían hecho pasar por menores extranjeros no acompañados (MENA) con el objetivo de acceder a los beneficios del sistema de protección de la Ciudad Autónoma.

Investigación iniciada en junio

La investigación se puso en marcha a mediados de junio, cuando los cuatro individuos fueron registrados en los servicios sociales como menores sin tutela familiar. Poco después, también se presentaron en la Oficina de Asilo, solicitando protección internacional. Pero lo hicieron con su documentación real, lo que despertó las sospechas.

Según fuentes policiales, los detenidos habrían falseado su edad para acogerse a las medidas de protección reservadas a los MENA, incluyendo alojamiento, asistencia jurídica y documentación provisional.

¿Qué implica el delito de falsedad documental?

La falsedad documental está tipificada en el Código Penal español (arts. 390–399) como una infracción grave contra la fe pública. Se comete cuando se altera, simula o fabrica un documento con el fin de inducir a error o causar perjuicio.

En este caso, los jóvenes habrían presentado documentación falsa para simular ser menores de edad, lo que podría acarrear penas de:

  • Prisión de 3 a 6 años si se trata de documentos públicos u oficiales.
  • Multa de 6 a 12 meses.
  • Inhabilitación especial de 2 a 6 años para ejercer funciones públicas.