“Un sistema que no funciona”: Randa Mohamed denuncia el bloqueo en los traslados de menores migrantes desde Melilla
El PP de Melilla acusa al Gobierno central de colapsar los sistemas de protección con un Real Decreto “arbitrario” que excluye a comunidades ricas y deja a Melilla sin soluciones reales. Randa Mohamed exige responsabilidad y coordinación urgente
La vicesecretaria de Acción Social del PP de Melilla denuncia la parálisis del sistema estatal de reparto de menores migrantes, que no ha ejecutado ni un solo traslado desde la declaración de contingencia. “No es eficaz, no es justo y no vela por el menor”, afirma.
“Ya lo advertimos desde el Partido Popular”. Con esta frase, Randa Mohamed, vicesecretaria de Acción Social del PP de Melilla y consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo local, ha vuelto a encender las alarmas sobre el sistema de reparto de menores migrantes impulsado por el Gobierno central. Un modelo que, según denuncia, no solo está fallando en su ejecución, sino que está generando una sobrecarga insostenible en los centros de acogida y en el personal que los sostiene.
Desde que se declaró la contingencia migratoria el pasado 29 de agosto en Canarias, Ceuta y Melilla, no se ha producido ni un solo traslado efectivo a la península. La cifra es contundente: treinta expedientes incoados, cinco resueltos, cero desplazamientos. Y no por errores burocráticos, como ha insinuado la Delegación del Gobierno. Según Mohamed, dos de los casos resultaron ser adultos tras las pruebas de edad, y otro ya estaba acogido antes de la contingencia. El resto, atrapado en un limbo administrativo que no avanza.
La dirigente popular no se limita a señalar la lentitud del proceso. Va más allá: “Este sistema no está velando por los intereses del menor, que deberían ser la prioridad de cualquier responsable público”. En su crítica, hay una doble preocupación: la carga laboral que soportan los trabajadores de los centros y de la propia consejería, y la falta de garantías para los menores que esperan ser reubicados.
Pese a ello, Mohamed subraya que el Gobierno local está actuando con “lealtad institucional”. Se han activado todos los recursos disponibles —humanos, materiales, logísticos— para que, cuando los traslados se autoricen, se hagan de forma segura y digna. Pero la pregunta que lanza al aire es directa: ¿cómo piensa el ministro Ángel Víctor Torres cumplir su compromiso de reubicar a 24 menores en diez días, cuando el sistema está paralizado?
La crítica se vuelve estructural. Para Mohamed, el origen del problema está en el Real Decreto que regula el reparto. “No ofrece soluciones reales ni sostenibles”, afirma. Y lo que es más grave: excluye del reparto a dos de las comunidades más ricas del país, Cataluña y el País Vasco, lo que para la dirigente popular responde a “fines electoralistas”.
El PP de Melilla acata la norma, pero no la comparte. “Somos un gobierno serio”, remarca Mohamed, “pero seguimos denunciando que este RD es arbitrario y tiende a colapsar los sistemas de protección de algunos territorios”.
En Melilla, donde cada expediente migratorio es también una historia humana, el debate no es solo técnico. Es ético, institucional y urgente. Y mientras las cifras se estancan, la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién vela realmente por los menores?