Imbroda denunciará la filtración de un informe de la UDEF que señala corrupción en Parque Murias

Una información publicada por el diario El País este miércoles basada en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha agitado la vida política de Melilla. El titular de la información apunta a que “la UDEF ve indicios de malversación y preavaricación en el Gobierno del PP de Melilla para la construcción del primer gran centro comercial de la ciudad”. La propia información señala a personas concretas del Ejecutivo en la legislatura 2019-2023 y cita al propio presidente de la Ciudad, Juan José imbroda. El Gobierno de la Ciudad no ha tardado en reaccionar y ha emitido un comunicado en el que no sólo “desmiente con absoluta rotunda las informaciones publicadas por el diario El País” sino que va más lejos y anuncia que “ejercerá cuantas acciones legales resulten procedentes contra los autores, responsables y partícipes de la elaboración, filtración y difusión de dichas informaciones, así como frente a quienes atribuyan o reproduzcan imputaciones delictivas carentes de sustento real que atenten contra el honor y la reputación de esta Administracion y de sus empleados públicos”.

La UDEF ha elaborado el informe a raíz de el hallazgo de un papel manuscrito con una especie de esquema en el que aparecen citadas sociedades y personas y en el testimonio de una fuente confidencial. Lo encontraron en uno de los registros practicados en la causa sobre el fraude en el voto por correo.

El fondo de la cuestión supuestamente delictiva estaría en el impago de importantes cantidades de IPSI por parte de los adjudicatarios de los terrenos para construir el centro comercial Parque Murias. Todo lo desmiente el Gobierno.

Del informe de la UDEF dice que “su contenido no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos, carece del más mínimo rigor técnico y jurídico y ha sido elaborado sin la necesaria contrastación con los órganos administrativos competentes que tramitaron los expedientes a los que,  presuntamente, se refiere. Bastaba con solicitar y examinar el expediente para comprobar la absoluta corrección de su tramitación, la existencia de los correspondientes informes técnicos y jurídicos y el pleno sometimiento de todas las actuaciones al ordenamiento legal vigente”.

Esa contrastación o consulta de la documentación administrativa, algo que la propia UDEF reconoce que no ha hecho porque asegura que la información que tiene disponible hasta la fecha es de “fuentes abiertas”, considera el Ejecutivo de Imbroda que habría alcanzado para “contrastar que fue la propia Ciudad Autónoma la que puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos relacionados con aquellos locales comerciales que no habían cumplido con sus obligaciones de autodeclaración del IPSI, actuando en todo momento con diligencia, transparencia y en defensa del interés público”.

En su nota de desmentido, el Gobierno de Imbroda viene a cargar contra la filtración y la difusión del informe, esto es contra la información de El País. ¿El problema? Que el diario nacional sólo reproduce el informe de la Policía Nacional, por lo que tampoco cabe descartar que esas acciones judiciales vayan más allá y alcancen a los propios integrantes de la UDEF:

“Resulta especialmente grave que se estén difundiendo afirmaciones de enorme trascendencia pública contra responsables políticos y funcionarios públicos a partir de un documento que no ha sido trasladado formalmente a las personas nombradas, ni ha sido objeto de actuación judicial alguna. Frente a la difusión de estas informaciones de extrema gravedad, el Gobierno de la Ciudad Autónoma rechaza de manera categórica cualquier insinuación de conducta irregular por parte de quienes participaron en la tramitación del expediente. Son acusaciones infundadas que lesionan gravemente la honorabilidad de las instituciones de Melilla y de los servidores públicos”.

“No vamos a permitir que la mentira, la manipulación o la utilización interesada de informaciones falsas erosionen la credibilidad de las instituciones de Melilla ni manchen el nombre de quienes han actuado siempre dentro de la más estricta legalidad”, viene a restar el comunicado del Gobierno.

El Ejecutivo acaba reafirmando su compromiso con la “transparencia, la legalidad y la correcta gestión de los recursos públicos”.

Lo cierto es que al menos por el momento el informe de al UDEF no ha trascendido el ámbito policial, a pesar de que lleva fecha del 4 de marzo de este año y de que se deja entrever que ya habría sido elevado a alguna autoridad judicial, sin que tampoco por el momento conste que se hayan dado pasos en alguna dirección en el ámbito judicial.