Somos Melilla acusa al Gobierno de Imbroda de “traicionar” a los trabajadores de las ludotecas
Ha denunciado públicamente la gestión del Gobierno de Juan José Imbroda con la empresa Alvalop, a la que acusa de acumular graves incumplimientos y meses de impagos.
El presidente y diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, ha denunciado públicamente lo que ha calificado como una “traición” del Gobierno de Juan José Imbroda hacia los trabajadores de las ludotecas públicas de la ciudad. Según ha expuesto la formación, los empleados de este servicio se sienten “profundamente engañados, abandonados y traicionados” por la gestión del Ejecutivo local en relación con la empresa adjudicataria Alvalop.
En Melilla existen actualmente siete ludotecas públicas, de las cuales cinco están gestionadas por Alvalop. Azmani ha sido especialmente duro al valorar la trayectoria de esta mercantil, a la que ha acusado de mantener una gestión “manifiestamente deficiente”, con irregularidades graves y una vulneración continuada de los derechos laborales. Como consecuencia, los trabajadores han llegado a acumular más de seis meses sin cobrar sus nóminas, mientras seguían prestando un servicio público esencial. “Han sostenido el servicio viendo cómo su dignidad era pisoteada”, ha subrayado el diputado.
Irregularidades en los plazos administrativos
Desde Somos Melilla se han puesto sobre la mesa graves anomalías en el procedimiento administrativo sancionador iniciado por el Gobierno local el pasado mes de octubre, tras la presión política y las protestas de los trabajadores afectados. La empresa tenía como fecha límite el 14 de noviembre para presentar alegaciones al expediente de rescisión de contrato.
Sin embargo, según ha explicado Azmani, Alvalop no presentó alegaciones en plazo, lo que, conforme a la normativa vigente, debería haber supuesto la resolución inmediata del contrato. Pese a ello, el Gobierno decidió admitir alegaciones presentadas tres semanas después, una decisión que el diputado ha calificado de “incomprensible y absolutamente injustificable”, al entender que vulnera el principio de legalidad.
“En esta ciudad incumplir sale gratis cuando se trata de una empresa amiga, pero no cuando se trata de trabajadores”, ha sentenciado el líder de la formación.
Acusaciones de impunidad y protección política
Azmani ha señalado que la empresa ha abonado tres de las cinco nóminas pendientes, un hecho que, según Somos Melilla, ha servido de argumento al Gobierno para desistir de la rescisión del contrato. Para el diputado, esta decisión supone “blanquear una gestión irresponsable” y dar la espalda a unos trabajadores que continúan en una situación límite.
“Esto no es justicia, esto es protección política a una empresa incumplidora y una falta de respeto intolerable a la ciudadanía”, ha afirmado.
Petición de explicaciones y medidas urgentes
Ante esta situación, Somos Melilla ha anunciado que solicitará la convocatoria urgente de la Comisión de Políticas Sociales, con el objetivo de que la consejera responsable comparezca y aporte toda la documentación relativa al expediente. La formación exige explicaciones sobre por qué se admitieron alegaciones fuera de plazo y por qué se ha renunciado a rescindir el contrato pese a los incumplimientos graves y acreditados.
Asimismo, reclaman que se garantice el pago inmediato de todas las cantidades adeudadas a los trabajadores. “No creo que ningún consejero aguante cinco o seis meses sin cobrar”, ha señalado Azmani.
El diputado ha concluido recordando que los servicios públicos no pueden sostenerse sobre la precariedad laboral y que Melilla no merece un gobierno con “falta de valentía política”. Finalmente, ha hecho un llamamiento a la movilización de trabajadores, familiares y ciudadanía en general para exigir responsabilidades. “Que este gobierno deje de reírse de la ciudadanía y de jugar con el futuro y el pan de muchísimos trabajadores, porque es inaceptable”, ha concluido.