Somos Melilla denuncia la “traición” del Gobierno a los trabajadores de las ludotecas
“En esta ciudad incumplir sale gratis cuando se trata de empresa amiga, pero no cuando se trata de trabajadores”, ha sentenciado Azmani
El presidente y diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, ha denunciado públicamente la “traición” por parte del Gobierno de Juan José Imbroda hacia los trabajadores de las ludotecas públicas. Según ha expuesto la formación, los empleados de este servicio se sienten “profundamente engañados, abandonados y, por supuesto, traicionados” ante la gestión del Ejecutivo local con la empresa adjudicataria Alvalop.
En Melilla existen actualmente siete ludotecas, cinco de las cuales están gestionadas por la mercantil Alvalop. Azmani ha sido contundente al describir la trayectoria de esta compañía, asegurando que ha demostrado ser “manifiestamente deficiente, acumulando irregularidades graves y una vulneración continuada de los derechos de los trabajadores”. Esta situación ha llevado a que la plantilla sufra impagos de más de seis meses de nóminas, mientras “han sostenido un servicio público esencial mientras veían cómo su dignidad se ha pisoteado”.
Plazos
Somos Melilla ha revelado graves anomalías en el proceso administrativo sancionador iniciado por el Gobierno el pasado mes de octubre, tras la presión ejercida por el partido y las protestas de los afectados. La empresa tenía como fecha límite el 14 de noviembre para presentar alegaciones ante el expediente de rescisión de contrato.
Según ha explicado el diputado, “Alvalop no presentó ninguna alegación en plazo”, lo que legalmente debería haber conllevado la resolución inmediata del contrato. Sin embargo, el Gobierno decidió admitir las alegaciones presentadas “tres semanas después de forma incomprensible y absolutamente injustificable”, vulnerando el principio de legalidad.
“En esta ciudad incumplir sale gratis cuando se trata de empresa amiga, pero no cuando se trata de trabajadores”, ha sentenciado Azmani.
Impunidad
La formación tiene constancia de que la empresa ha abonado tres de las cinco nóminas pendientes, hecho que ha servido al Gobierno para desistir de la rescisión del contrato. Para el líder de Somos Melilla, esta decisión supone “blanquear una gestión irresponsable” y dar la espalda a quienes sufren una situación límite.
“Esto no es justicia, esto es protección política a una empresa incumplidora y una falta de respeto intolerable a la ciudadanía”, ha aseverado Azmani.
Ante esta situación, Somos Melilla ha anunciado que solicitará la convocatoria urgente de la Comisión de Políticas Sociales para que la consejera responsable dé la cara y aporte toda la documentación pertinente. La formación exige saber por qué se admitieron alegaciones fuera de plazo y por qué se ha renunciado a rescindir el contrato pese a los “incumplimientos graves y acreditados”. Asimismo, exigen que se garantice el pago inmediato de todo lo adeudado, recordando Azmani que no cree que ningún consejero aguante cinco o seis meses sin cobrar.
El diputado ha concluido su intervención recordando que los servicios públicos no pueden sostenerse sobre la precariedad y que Melilla no merece un gobierno con “falta de valentía política”. Finalmente, ha hecho un llamamiento a la movilización de trabajadores, familiares y ciudadanía en general. “Que le digan a este gobierno que deje de reírse de la ciudadanía, que deje de jugar con las perspectivas de futuro de muchísima gente, del pan de muchísimos trabajadores, porque es inaceptable”.