La UDEF aprecia indicios de malversación y prevaricación en la adjudicación del Parque Murias de Melilla
Una investigación derivada del caso de la presunta compra de votos por correo sitúa bajo la lupa decisiones urbanísticas adoptadas durante un mandato del Gobierno de Juan José Imbroda
Una nueva línea de investigación policial ha puesto el foco sobre la construcción del centro comercial Parque Murias, inaugurado en 2017 y considerado el primer gran complejo comercial de la ciudad autónoma. Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aprecia indicios que podrían apuntar a presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con la adjudicación de los terrenos donde se levantó el proyecto.
La investigación surge de forma indirecta a raíz de las diligencias abiertas por una presunta trama de compra de votos por correo durante las elecciones municipales de 2023. Durante uno de los registros practicados en esa causa, los agentes localizaron documentación que dio origen a una nueva vía de investigación, independiente de la anterior.
Según el informe policial, la UDEF habría encontrado documentación y testimonios que describen una supuesta operativa destinada a favorecer a determinadas empresas mediante modificaciones urbanísticas y procedimientos administrativos vinculados a la cesión y posterior adjudicación de unos terrenos procedentes del Ministerio de Defensa. Los investigadores consideran que existen "elementos de relevancia" que justifican el análisis judicial de los hechos.
Entre los aspectos examinados figura la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada antes de la licitación de los terrenos donde posteriormente se construyó el centro comercial. La hipótesis policial sostiene que dichos cambios podrían haber beneficiado a determinadas sociedades participantes en el proyecto.
El informe también hace referencia a un supuesto perjuicio económico para las arcas públicas que algunos medios sitúan entre siete y ocho millones de euros, aunque la cuantificación definitiva dependerá de las actuaciones judiciales que puedan desarrollarse a partir de ahora.
La documentación remitida al juzgado menciona a varios responsables políticos y técnicos que formaban parte del Ejecutivo melillense durante el periodo investigado, entre ellos el actual presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda. No obstante, la autoridad judicial aún debe determinar si los indicios recopilados justifican la apertura de una pieza separada o la práctica de nuevas diligencias.
Por su parte, el Gobierno de Melilla ha rechazado de forma tajante las conclusiones policiales. En un comunicado, fuentes del Ejecutivo calificaron el contenido del informe de "absolutamente falso", asegurando que los expedientes administrativos fueron tramitados conforme a la legalidad y anunciando acciones legales contra quienes consideren responsables de la elaboración y difusión de dichas acusaciones.
Mientras tanto, la investigación permanece en sede judicial a la espera de que la magistrada instructora valore el alcance de los indicios aportados por la UDEF y determine los próximos pasos procesales en una causa que añade un nuevo frente político y judicial en la ciudad autónoma de Melilla.