La presencia de cámaras chinas en la frontera de Ceuta y Melilla y varios contratos millonarios con la tecnológica Huawei han desatado una crisis diplomática entre España y Estados Unidos. Según ha publicado ABC, la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, ha iniciado una investigación para determinar si estos acuerdos suponen un riesgo para la OTAN y las bases militares compartidas. El ultimátum es claro: si el Ejecutivo español no rompe los lazos comerciales con la compañía china antes de final de mes, Washington reducirá el flujo de información clasificada que comparte con España.
De acuerdo con la información de ABC, el origen del conflicto está en la adjudicación de más de 12,3 millones de euros a Huawei para el suministro de servidores y servicios de consultoría al Ministerio del Interior. Este acuerdo ha encendido las alarmas en Washington, donde temen que la tecnológica, sujeta a las leyes de Inteligencia y Seguridad de Datos de la República Popular China, pueda verse obligada a facilitar información al Partido Comunista Chino.
El temor es que parte de los datos, incluidas escuchas y material sensible, puedan acabar almacenados en sistemas gestionados por Huawei, algo que el boletín del 5 de agosto de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China advierte como un riesgo para la seguridad no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea.
La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha enviado una carta al Gobierno español informando de la apertura de una investigación formal sobre los contratos con Huawei. El objetivo es evaluar el impacto que podrían tener en los activos, métodos y fuentes de inteligencia de Estados Unidos, así como en la solidez de los protocolos de intercambio de información en el seno de la OTAN.
En esa comunicación, Gabbard advierte:
"A finales de mes tendrá un informe que, de concluir que esos contratos se mantienen, derivará en una notable limitación del flujo de inteligencia compartida, crucial para las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas".
Preocupación en la frontera de Ceuta y Melilla
En España, la polémica se ha avivado con la denuncia del Partido Popular sobre la instalación de cámaras chinas en la frontera de Ceuta. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y exdiputado por Ceuta, Juan Bravo, ha alertado del riesgo de contratar a empresas chinas para servicios sensibles como la vigilancia fronteriza.
En el Congreso de los Diputados, el diputado del PP por Ceuta, Javier Celaya, ha cuestionado la idoneidad de la empresa adjudicataria por sus antecedentes en derechos humanos y ha exigido explicaciones al Gobierno.
El Partido Popular ha registrado en el Senado una proposición de ley para declarar el sistema alimentario español como sector estratégico esencial, en la que también se menciona la necesidad de proteger sectores clave frente a injerencias extranjeras. Según el PP, la presencia de tecnología china en infraestructuras críticas compromete la seguridad nacional y la soberanía tecnológica de las fronteras.
Los populares insisten en que el Ejecutivo debe aclarar las condiciones y garantías de los contratos con Huawei, especialmente en lo relativo a la gestión de datos recogidos en zonas sensibles como las fronteras de Ceuta y Melilla.
El posible acceso de Huawei a información recogida en España podría tener consecuencias directas sobre la cooperación internacional en materia de seguridad. El boletín de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EE.UU. y China señala que la continuidad de estos contratos pondría en entredicho la protección de información clasificada compartida por países aliados.
La advertencia de Washington es contundente: si no se rompe la relación con Huawei, se restringirá el intercambio de inteligencia en operaciones contra el terrorismo, el crimen organizado y otras amenazas comunes, lo que afectaría tanto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a la defensa europea.
El plazo impuesto por Estados Unidos expira a finales de este mes. Si el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene los contratos con Huawei, se abrirá un escenario de tensión diplomática sin precedentes recientes entre ambos países, con repercusiones directas en la colaboración militar y la seguridad estratégica.
La situación coloca a España ante una decisión crucial: mantener la relación comercial con la tecnológica china o preservar el acceso pleno a la inteligencia compartida que sustenta la seguridad común en el marco de la OTAN.
