Juan José Imbroda ha salido este miércoles a desmentir de forma tajante las acusaciones de ilegalidad en la llamada “Operación Valenzuela”, un documento manuscrito intervenido en el marco del caso Santiago‑Rusadir y que apunta a supuestas irregularidades en la construcción del actual centro comercial Parque Murias. El presidente melillense sostiene que todo el proceso urbanístico fue legal, contó con informes técnicos favorables y que la Ciudad Autónoma no participó en la operación empresarial que dio origen al parque comercial.
Los terrenos, según Imbroda, fueron adquiridos por un particular en 1998
Imbroda ha explicado que los terrenos sobre los que hoy se levanta Parque Murias fueron comprados por un particular en 1998, cuatro años después de que la Ciudad se los adquiriera al Ministerio de Defensa y los sacara a subasta en 1997. El líder popular insiste en que el centro comercial no apareció hasta muchos años después y que la Administración local no tuvo relación con esa iniciativa privada.
El presidente recuerda además que la Ciudad mantuvo litigios judiciales para defender sus intereses económicos en el desarrollo urbanístico, algo que, afirma, demuestra que no existió trato de favor ni intervención política irregular.
El PP denuncia una estrategia para vincular al partido con irregularidades
Imbroda considera que las informaciones publicadas en medios nacionales forman parte de una estrategia para relacionar al PP melillense con presuntas irregularidades. Asegura que el documento que ha originado estas publicaciones procede de una persona investigada en la operación Santiago‑Rusadir y “carece de rigor”. Según sostiene, su objetivo era “fabricar un relato” que implicara al partido en un supuesto fraude.
El dirigente popular ha anunciado una denuncia contra el autor del escrito y afirma que será en los tribunales donde deberá acreditarse la veracidad de las acusaciones. Reitera que el asunto “no tiene recorrido judicial ni político”.
La UDEF aprecia indicios de delitos en el desarrollo del parque comercial
El informe de la UDEF, adelantado por El País, señala posibles delitos de prevaricación y malversación en la construcción del centro comercial, valorado en unos ocho millones de euros. El documento fue remitido al Juzgado de Instrucción número 2 dentro del caso Santiago‑Rusadir, aunque los agentes subrayan que estos indicios son independientes de la investigación por presunta compra de votos.
Según el informe, la fuente confidencial y el documento manuscrito apuntan a que la modificación del PGOU habría favorecido a las empresas que participaron en la subasta de los terrenos, con el objetivo de obtener un beneficio económico eludiendo impuestos locales. La UDEF cifra el supuesto fraude entre siete y ocho millones de euros, que podrían haber acabado en cuentas en Gibraltar.
El Gobierno local rechaza el informe y defiende la legalidad del proceso
El Ejecutivo melillense ha desmentido el contenido del informe policial, al que acusa de “carecer del más mínimo rigor técnico y jurídico”. Sostiene que no se ha contrastado con los órganos administrativos que tramitaron los expedientes “con absoluta corrección” y recuerda que la Ciudad trasladó a Fiscalía los casos de locales que no habían cumplido con sus obligaciones de autoliquidación del IPSI.
El Gobierno anuncia acciones legales contra quienes elaboren, filtren o difundan informaciones que atribuyan delitos sin sustento y asegura que toda la documentación urbanística y tributaria está disponible para los medios.
Claves del caso
- Operación Valenzuela — Documento manuscrito intervenido en un registro policial que apunta a supuestas irregularidades en la construcción del parque comercial.
- Caso Santiago‑Rusadir — Investigación principal por presunta compra de votos en 2023, en cuyo marco aparece el documento.
- Parque Murias — Centro comercial construido años después de la subasta de los terrenos adquiridos a Defensa.
- UDEF — Unidad que aprecia indicios de delitos en el desarrollo urbanístico.
- Acciones judiciales — Imbroda anuncia denuncias contra el autor del documento y contra quienes difundan acusaciones sin base.
