Somos Melilla ha denunciado esta semana la “desconexión total” entre la realidad social de la ciudad y las políticas de vivienda del Gobierno de Juan José Imbroda. La formación liderada por Amín Azmani alerta de que las actuales ayudas al alquiler son “papel mojado” para la mayoría de los melillenses, al mantener un tope de precio del alquiler de 650 euros mensuales cuando el precio medio real en la ciudad ya alcanza los 831 euros.
La brecha entre la normativa y el mercado ha provocado que, en las últimas convocatorias, la tasa de exclusión o desistimiento de las solicitudes roce el 40% y que la mayor parte del presupuesto para las ayudas no se ejecute. Según Azmani, una familia que necesite una vivienda de dos o tres dormitorios se encuentra con precios que oscilan entre los 819 y los 945 euros, quedando automáticamente fuera de cualquier posibilidad de subvención.
“Estamos ante unas ayudas diseñadas para un mercado que ya no existe; es una política de vivienda fantasma que da la espalda a las familias”, ha declarado con rotundidad el presidente de la formación, Amín Azmani. Para el presidente de Somos Melilla es «inadmisible» que mientras el precio del alquiler subió un 37,6% solo en el último año, el tope de las ayudas lleve tres convocatorias congelado. “No se puede pedir a un melillense que destine el 55% de su sueldo a pagar un techo mientras el Gobierno mira hacia otro lado con requisitos obsoletos”, ha añadido.
El fracaso de la gestión pública
La formación subraya que la ineficacia no solo reside en los umbrales del precio del alquiler, sino en una gestión administrativa que califican de “lenta y deficiente”. Aseguran que el retraso en los pagos es crónico, poniendo de ejemplos las ayudas correspondientes al segundo semestre de 2023 que no se resolvieron hasta finales de 2024, diecisiete meses después. “La ayuda se supone que debería contribuir a pagar mes a mes el alquiler, no obligar a las familias a desembolsar buena parte de su sueldo y ya, dos años después, rescatarla. Así no funcionan las economías de las familias y el Gobierno de Imbroda debería saberlo”.
Somos Melilla también ha puesto el foco en la empresa pública EMVISMESA, señalada por el Tribunal de Cuentas por deficiencias en su control financiero y baja ejecución de fondos europeos. La formación resalta que las cuentas de la empresa pública son un “desastre de gestión” todos los años sin que nadie esté dispuesto a solucionarlo. “En esta ciudad no se construye vivienda pública y tenemos que aguantar, como si fuera un hito histórico, que EMVISMESA saque pecho por haber firmado una sola operación de compraventa para el programa ‘Aval Vivienda Melilla Joven’, ha denunciado Azmani.
Una paradoja económica insostenible
El partido recuerda que la ciudad registra la renta por habitante más baja de España (13.151 €/año) y una tasa de pobreza que roza el 44%, pero soporta precios de alquiler propios de grandes capitales. Para Somos Melilla, la situación es crítica porque los hogares más vulnerables están siendo expulsados directamente del mercado formal.
“Melilla no necesita más guerras de comunicados entre el PP y el PSOE; tanto el Gobierno central como el local se han olvidado de esta ciudad en materia de vivienda. Lo que los ciudadanos necesitan son las llaves de sus casas y ayudas que se ajusten a lo que valen ahora, no hace diez años”.
Por último, Azmani ha instado al Gobierno local a adaptar los requisitos de las ayudas al mercado actual y agilizar la burocracia para que el dinero llegue a tiempo a quienes más lo necesitan.
