El diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto (Somos Melilla), Amín Azmani, ha registrado una solicitud formal ante la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza exigiendo una investigación interna inmediata tras detectar graves indicios de fraude y trato de favor en el contrato 190/2023/CMA, denominado “servicio de censado y control de la población de gaviota patiamarilla, paloma bravía y cotorras de Kramer y argentina en la Ciudad Autónoma de Melilla”, adjudicado a la empresa Control de Fauna El Quinto, S.L.U.
La formación ha tenido acceso al expediente tras denunciar una “inaceptable dilación de tres meses” y un “intento de ocultación” por parte de la Consejería para evitar el control parlamentario de la prórroga de dicho contrato, adjudicado recientemente a la misma empresa.
El origen del caso se remonta al pasado 2 de febrero de 2026, fecha en la que una ciudadana interpuso una denuncia detallando diversas irregularidades en el contrato. Según ha revelado Azmani, tras el cotejo de los documentos del expediente, lo más grave radica en que es el propio adjudicatario del servicio quien, en su escrito de alegaciones a la propia denuncia, reconoce y admite que no ha cumplido con el pliego de condiciones técnicas que motivó su adjudicación.
Entre las confesiones explícitas de la empresa figura la no adquisición de dos de los cuatro vehículos ofertados en exclusiva —alegando unilateralmente que «no eran necesarios»—, la omisión absoluta del obligatorio parafinado de huevos de gaviota durante todo el año 2024, y la falta de ejecución de las campañas de sensibilización en los colegios de la ciudad, entre otros. A pesar de admitir que no se prestaron estos servicios esenciales, la Ciudad Autónoma no tomó ninguna medida al respecto, archivó la denuncia ciudadana y prorrogó el contrato.
Recursos exclusivos
La fiscalización de Somos Melilla ha destapado además un presunto fraude de al comprobar que la empresa utilizaba los mismos recursos materiales y humanos para, al menos, dos contratos públicos simultáneos de la misma Consejería: el mayor de control de aves y otro contrato menor destinado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA).
El portavoz del partido asegura que el mismo vehículo constaba adscrito en exclusividad a ambos servicios a la vez. Lo mismo sucede con algunos miembros de la plantilla.
“Nos encontramos ante un presunto trato de favor y una dejación de funciones intolerable en la fiscalización de los fondos públicos por parte de esta administración”, ha manifestado de forma contundente Amín Azmani, quien ha censurado que la Consejería aprobara la prórroga blindándola legalmente apenas dos días antes de proceder al archivo de la denuncia ciudadana y mientras ocultaba el expediente al diputado.
Represalias
Ante la gravedad de los hechos, Somos Melilla ha solicitado formalmente una investigación interna, la suspensión cautelar de la prórroga del servicio, el inicio de un expediente sancionador y el cese de cualquier represalia administrativa contra la denunciante, a quién se amenaza con denunciarla por protección de datos.
Azmani ha recordado de forma contundente que la denunciante está plenamente amparada por el estatuto de protección que otorga la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y ha tildado de “inaceptable” que la Consejería de Medio Ambiente pretenda “castigar” a la denunciante en un claro intento de silenciarla en lugar de fiscalizar el contrato.
“Nos reservamos el derecho de trasladar el expediente completo a la Fiscalía de Melilla por presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación”, ha advertido Azmani.
