La Delegación del Gobierno en Melilla ha anunciado la apertura de una investigación para depurar responsabilidades tras tener conocimiento de los presuntos insultos de carácter racista proferidos por un grupo de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) contra un ciudadano melillense musulmán mientras se encontraban de servicio.
La delegada del Gobierno anuncia una investigación
La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado a través de sus redes sociales de que todos los mecanismos de investigación fueron activados en cuanto se tuvo constancia de los hechos, ocurridos este sábado en una céntrica cafetería de la ciudad. En su mensaje, Moh ha sido tajante al afirmar que “las actitudes racistas son incompatibles con nuestra sociedad democrática y con nuestras instituciones”, subrayando la existencia de “tolerancia cero ante el racismo y el insulto”.
Según ha detallado la Comunidad Musulmana de Melilla en un comunicado y recoge la agencia EFE, los hechos tuvieron lugar sobre las diez de la mañana, en un contexto de absoluta normalidad y con el establecimiento lleno de familias y menores. La entidad, haciéndose eco del testimonio de testigos, asegura que varios agentes de la UIP presentes en el local “habrían dirigido insultos vejatorios y expresiones de carácter racista contra un ciudadano melillense, musulmán, conocido y respetado por su trayectoria personal y profesional”.
Amenazas y gravedad de los hechos
Además, la comunidad sostiene que, presuntamente, se llegaron a proferir amenazas de agresión física, acompañadas de expresiones degradantes y deshumanizantes. De confirmarse, considera que los hechos “revisten una gravedad extrema”, ya que suponen un ataque directo a la convivencia, afectan a la dignidad de las personas y dañan la imagen y el prestigio de las instituciones llamadas a proteger a todos los ciudadanos sin distinción de origen o religión.
Por este motivo, la Comunidad Musulmana de Melilla ha expresado su más absoluta repulsa y condena y ha exigido actuaciones urgentes para que el presunto episodio sea investigado “hasta el fondo, con transparencia y contundencia”. Entre las medidas reclamadas figura la apertura inmediata de una investigación interna y la depuración de responsabilidades disciplinarias si se confirma la veracidad de los hechos, tanto del autor material como de quienes “secundaron, rieron o toleraron dicha conducta”.
Asimismo, ha solicitado que el caso sea puesto en conocimiento de la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de un delito de odio, amenazas o trato degradante, y que se adopten medidas preventivas para evitar que personas amparadas en el ejercicio de sus funciones puedan comportarse de esta manera.
Por último, la Comunidad Musulmana ha reiterado su respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, insistiendo en que una sanción firme en caso de confirmarse los hechos es necesaria porque este tipo de comportamientos “dañan a toda la institución y fracturan la confianza ciudadana”.
