El Defensor del Pueblo ha señalado a la Dirección Provincial de Educación y a la Consejería de Políticas Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla por incumplir reiteradamente los plazos legales en materia de transparencia. Ambas instituciones aparecen en el portal del organismo, en el apartado dedicado a administraciones “entorpecedoras”.
Según detalla el Defensor, la Dirección Provincial de Educación -dependiente del Ministerio de Educación- acumula una demora de 228 días sin responder a los requerimientos oficiales de información. Por su parte, la Consejería de Políticas Sociales mantiene un retraso de 109 días, pese a haber recibido hasta tres requerimientos por parte del alto comisionado.
En su resolución, el Defensor del Pueblo recomienda al Ministerio de Educación incorporar en su página web el pasaporte como documento válido de identificación, con el objetivo de facilitar los trámites a los ciudadanos que carezcan de DNI o NIE.
Asimismo, el organismo insta a la Ciudad Autónoma de Melilla a revisar sus procesos internos de transparencia y acceso a la información pública, con el fin de garantizar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Defensor del Pueblo recuerda que las administraciones están obligadas por ley a colaborar con este órgano constitucional y a atender sus solicitudes en los plazos establecidos. La falta de respuesta, subraya, “no solo vulnera el principio de transparencia”, sino que “dificulta el control ciudadano sobre la gestión pública”.
