La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPyD) en Melilla ha desmentido de forma tajante las afirmaciones difundidas por una organización sindical, que acusaba al Ministerio de “impedir” que el alumnado del Grado en Educación Primaria realizara sus prácticas académicas en centros concertados de la ciudad.
Con el objetivo de evitar malentendidos, la Dirección Provincial ha emitido una serie de aclaraciones sobre el procedimiento de selección de centros para la formación práctica del futuro profesorado.
Reconocimiento a los centros concertados
La directora provincial, Elena Fernández Treviño, ha expresado su agradecimiento y reconocimiento a la labor de los centros concertados como colaboradores en la formación del alumnado: “Su participación es, ha sido y seguirá siendo valiosa para el sistema educativo”, ha subrayado.
Procedimiento regulado y criterios técnicos
Tal y como establecen las órdenes que regulan la selección de centros y tutores de prácticas, el Ministerio es el encargado de determinar cada curso qué centros participan en el programa formativo. Estas decisiones se adoptan atendiendo a criterios técnicos y organizativos, con el fin de optimizar los recursos de la red sostenida con fondos públicos.
La planificación actual confirma que la oferta de los centros públicos cubre la demanda del alumnado en esta fase. “Esto no implica, en ningún caso, la exclusión de los centros concertados ni supone modificar nuestra política de colaboración”, ha aclarado Fernández Treviño.
Ninguna medida excluyente
La responsable provincial ha explicado que la utilización de la red pública responde a una medida legal, organizativa y temporal, y no significa la finalización de la colaboración con los centros concertados, que continúan plenamente reconocidos como centros formadores.
En caso de que aumente la demanda de tutores o sea necesario ampliar la capacidad de la red, la colaboración se extenderá al conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados, garantizando así la mejor formación posible del alumnado de Magisterio.
Rechazo a la idea de “ataque”
La Dirección Provincial ha rechazado firmemente la expresión “ataque” utilizada por algunos agentes y ha recalcado que no se ha adoptado ninguna medida excluyente ni discriminatoria. La decisión se enmarca en la legalidad vigente, conforme a la normativa aplicable y a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, con el objetivo de simplificar la gestión de las prácticas en un momento determinado.
“En ningún caso estamos hablando de un cambio de modelo ni de una ruptura de la colaboración. Seguiremos trabajando conjuntamente con todos los centros sostenidos con fondos públicos, porque todos son esenciales en la formación del futuro profesorado”, ha concluido Fernández Treviño.
Finalmente, la Dirección Provincial ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad en la difusión de informaciones que afectan al sistema educativo y al alumnado universitario.
