Melilla avanza hacia una segunda desaladora para asegurar el agua

La Ciudad trabaja en una planta alternativa para garantizar el suministro y reducir riesgos: el inicio de obra se baraja entre 2026 y 2027

DESALADORA

Melilla da pasos para reforzar su suministro de agua con la construcción de una segunda planta desaladora. El consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, ha confirmado que el proyecto sigue adelante y que la empresa Sacyr Agua trabaja ya en el anteproyecto, aunque todavía no ha entrado en fase de ejecución.

La iniciativa se coordina con los técnicos de la Consejería y se revisó en una reunión reciente en la que participaron el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, responsables de recursos hídricos y la empresa encargada. Ventura subraya que el desarrollo avanza según lo previsto, pero recuerda que no es una solución inmediata: se trata de un proyecto a medio plazo que requiere una planificación técnica minuciosa.

El calendario apunta a que en el primer trimestre de 2026 se celebrará una nueva reunión para analizar el anteproyecto definitivo. A partir de ahí podrían arrancar los preparativos de la obra, con un inicio de construcción estimado entre 2026 y 2027, siempre condicionado por los trámites técnicos y administrativos.

Ventura insiste en que la nueva desaladora no es un lujo, sino una necesidad urgente para garantizar agua potable a la población. La ciudad depende hoy de una única planta con cuatro módulos de producción, de los cuales solo funcionan tres. Uno permanece fuera de servicio desde hace años tras una explosión, y los restantes acumulan casi dos décadas de uso. La situación preocupa al Ejecutivo local: cualquier avería grave podría comprometer el abastecimiento de los 85.000 habitantes de Melilla.

Por eso, la Consejería defiende que la futura desaladora se levante en un emplazamiento distinto al actual. La separación física entre ambas instalaciones permitiría asegurar un suministro mínimo incluso en caso de incidente o catástrofe.

Con este proyecto, el Gobierno autonómico busca blindar el sistema de abastecimiento y preparar a la ciudad para los retos hídricos de los próximos años.